Summary: The impact of the processing of personal data of 80 million users of Facebook in the world by Cambrigde Analytics not only has repercussions in the United States and Europe. In Colombia, which is experiencing a democratic process around the election of the President of the Republic, an investigation was initiated by the personal data protection authority against a Colombian company, which has the participation of a subsidiary of Cambrigde Analytic, which owns of a mobile application called Pig gi that has allegedly carried out practices such as those attributed to the protagonist of this worldwide scandal.

Resumen: El impacto del tratamiento de datos personales de 80 millones de usuarios de Facebook en el mundo por parte de Cambrigde Analytics no solo tiene repercusiones en Estados Unidos y Europa. En Colombia, que vive un proceso democrático alrededor de la elección del Presidente de la República, se inició investigación por parte de la autoridad de protección de datos personales contra una empresa colombiana, que tiene participación de una filial de Cambrigde Analytics, la cual es propietaria de una aplicación móvil de nombre Pig gi que presuntamente ha realizado practicas como las imputadas al protagonista de este escandalo mundial. 

 

Colombia se encuentra en un proceso democrático que debe conducir a escoger Presidente en el mes de mayo o junio de 2018, según los resultados de la primera vuelta.

El tránsito hacia la construcción de un país incluyente y con un fuerte matiz de pacifismo no ha sido fácil en la medida que, a raíz del acuerdo de paz con la ex guerrilla de las FARC, se sometió este a un Referendun mediante el cual los colombianos expresaremos si estábamos a favor o no del acuerdo. El resultado, por una mínima diferencia, favoreció a quienes no compartían los términos del Acuerdo de Paz, esto ocurrió en 2015, lo que polarizó y mantiene polarizado al país en este proceso democrático que vive el país.

En el ejercicio democrático de 2015 con posterioridad al Referéndum se declaró por una de las personas que lideró la estrategia política alrededor del NO, es decir, contra el Acuerdo de Paz, que se había acudido a las redes sociales con mensajes que buscaban impactar en la emocionalidad de los votantes, con un grado de indignación que bloqueará cualquier análisis racional de lo que se persigue con el Acuerdo de Paz, que no es otro que dejar atrás 50 años de un guerra deshumanizada caracterizada con crímenes de lesa humanidad desde ambos extremos en combate.

Este contexto necesario para explicar a los lectores no colombianos que esta sucediendo en el país con ocasión del sonado caso de Cambrigde Analytics y su impacto social en el proceso democrático que se vive y algunas decisiones adoptadas por el regulador colombiano en materia de protección de datos personales.

Según las informaciones obtenidas de los medios de comunicación en sus procesos de investigación se conoce que Cambrigde Analytics estaba aprovechando la información personal recolectada en Colombia a través de una Aplicación Móvil Pig gi; la cual tiene estructurado su modelo de negocio en entregar monedas virtuales a sus usuarios para que estos la redimieran con los operadores de servicios de telefonía móvil. De tal suerte, que a cambio de la recolección y tratamiento de datos personales de adultos y menores de edad por parte de la App Pig gi esta entregaba como contraprestación la posibilidad de llamadas gratuitas a los usuarios.

El cuestionamiento del modelo de negocios no es el objeto de la reflexión, sino el aparente tratamiento oculto, engañoso y fraudulento originado en el procesamiento de la información personal para fines que no fueron informados a los titulares de los datos personales; por tanto, violatorios de varios principios aplicables al tratamiento de datos personales consagrados en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y otros desarrollados en la Jurisprudencia de la Corte Constitucional desde 1992.

Revelado el tratamiento de datos de 80 millones de usuarios de Facebook en el mundo, por parte de Cambrigde Analytics, para crear perfiles sicológicos con el fin de particularizar de forma engañosa los mensajes políticos para afectar el sagrado y libre derecho al sufragio, surgió la seria preocupación sobre si el mismo proceder estaba ocurriendo en Colombia.

La Superintendencia de Industria y Comercio como autoridad de protección de datos personales inicio investigación contra la sociedad Farrow Colombia SAS titular del App Pig gi. Resultado de los hallazgos, que son objeto de reserva legal por la investigación, adoptó como medida cautelar el bloqueo de esta aplicación móvil contando con el apoyo de las autoridades competentes para este fin.

Dentro de los hechos conocidos por la opinión publica se sabe que Cambrigde Analytics tiene participación con la sociedad mexicana Farrow, la cual a su vez presuntamente es propietaria de la App Pig gi. Esta aplicación móvil al parecer obtuvo recursos públicos dentro de su desarrollo por parte del ecosistema de innovación de Medellín, a través de Ruta N, según lo expresado por los medios de comunicación. En la labor investigativa de las autoridades se estableció que el domicilio social y dirección de notificaciones coincidía con la dirección de la firma de abogados que asesoró jurídicamente aspectos vinculados al desarrollo de la App mencionada.

Entendidos los hechos narrados surgen las siguientes reflexiones de particular relevancia frente a los aspectos regulatorios como la privacidad en los entornos de transformación digital y desarrollo de la económica digital, que deben invitar a corregir y a obrar de forma diligente por parte de quienes intervienen en el mundo tecnológico, a saber:

  • Las políticas públicas deben plasmar un mensaje claro en el sentido que el desarrollo, la innovación y la transformación digital no pasa únicamente por el prisma del desarrollo tecnológico; es y debe ser necesario el riguroso acatamiento de la ley y la garantía de los derechos fundamentales de las personas que se constituyen en usuarios de los productos tecnológicos.

 

  • La asignación de dineros públicos a particulares para el desarrollo tecnológico debe de forma inexorable garantizar que las innovaciones cumplan con la ley y respeten los derechos fundamentales de las personas, so pena de exigir la devolución de los dineros públicos asignados y las inhabilidades futuras para acceder a dineros públicos, sin perjuicio de mecanismos sancionatorios de antigua existencia como es la inhabilidad para ejercer el comercio por parte de los comerciantes.

 

  • Los organismos públicos y/o mixtos que administran dineros públicos para el desarrollo tecnológico y transformación digital deben ser conscientes de la responsabilidad que les cabe frente al equilibrio que exige la economía digital a la hora de balancear el derecho a la libertad de empresa y el respeto a los derechos fundamentales de las personas usuarias de la tecnología, pues es inaceptable la cosificación de los seres humanos. Es pertinente, que el decidir sobre dineros públicos implica un acto de gran responsabilidad, de suerte, que los funcionarios que intervengan en tal rol deben evaluar los riesgos legales del proyecto tecnológico, incluido sus propios riesgos en términos de obrar con la diligencia que la ley les impone.

 

  • De la lectura de los términos, condiciones y políticas de privacidad de la aplicación Pig gi impuesta a los usuarios, que analice de forma detallada antes del bloqueo por parte de la SIC, debe decirse que el compromiso que tenemos los profesionales jurídicos que participamos en el asesoramiento a proyectos tecnológicos exige un grado de diligencia superior, pues el estado contra las cuerdas que tiene la aplicación Pig gi podría haberse mitigado a partir de la advertencia y construcción de términos y condiciones respetuosos hacia los derechos de las personas. La mera lectura desprevenida de estos términos causa perplejidad desde la óptica de los derechos, obligaciones y la responsabilidad que asumen los extremos de la relación contractual. No se puede olvidar que el derecho a la privacidad y a la libertad son dos garantías en riesgo de desaparecer en los años venideros. ¿Podremos vivir y subsistir sin ellos?

 

  • Un país en vía de desarrollo con un porcentaje de inversión en ciencia, innovación y tecnología por debajo de la media latinoamericana para no hacer la comparación mundial no puede darse el lujo de asignar recursos públicos originados en los impuestos a proyectos tecnológicos de particulares que presuntamente burlan la ley y flagelan los derechos fundamentales de los ciudadanos. El daño social afectado por el mal uso de los dineros públicos no solo asciende a la cuantía de los dineros que se asignan a un proyecto tecnológico que burla la ley, sino que también hay que calcularlo a la luz de los costos que tiene para el Estado movilizar todo su aparato de investigación como es el caso de la Delegatura de Protección de Datos Personales y de los organismos de investigación como la Policía Nacional.

 

  • La manipulación de la opinión pública, las noticias falsas y el analfabetismo digital es aprovechado por cibercriminales que buscan crear caos en la construcción de sociedades pacificas y respetuosas; el que particulares y funcionarios públicos con fines oscuros acudan a ardides soportados en la tecnología y en facilidades como las redes sociales socaban la democracia, de forma que puede darse un no retorno al polarizar a una sociedad creando conflictos irreales y enemigos imaginarios.

 

  • Por último, el caso de Cambrigde Analytics y Facebook pone de presente que el modelo de autorregulación por parte de las empresas asentadas en el territorio de Estados Unidos, en particular los gigantes tecnológicos, es un modelo no exitoso y de alto riesgo para la humanidad. La ausencia manifiesta de una regulación federal en materia de protección de datos que garantice el tratamiento respetuoso de datos personales de nacionales y extranjeros en el territorio de los Estados Unidos es un imperativo para la convivencia y comercio mundial.

Es pertinente que la autoridad colombiana con ocasión del ilegal tratamiento de información personal por parte de Facebook y Cambrigde Analytics (y su impacto en Colombia) reflexione sobre la decisión de haber considerado a Estados Unidos un país seguro para el tratamiento de datos personales de los ciudadanos colombianos, decisión que se adoptó de manera sorprendente a sabiendas de la ausencia de regulación que garantice los derechos fundamentales de estas mediante un norma legal que carece de fundamentos o motivaciones jurídicas sólidas.

George Wells ya había advertido sobre el Gran Hermano, hoy el peligro social reside en el Pequeño Gran Hermano como acuñó Michio Kaku a las empresas!

 

Arean Velasco, M. Sc.

Velasco & Calle D´Aleman

 


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