Ciberseguridad: El Estado, la empresa y el ciudadano
Cuando hablamos de ciberseguridad los Estados Modernos se encuentran ante constantes amenazas a su soberanía nacional, ataques y violaciones a las empresas privadas y en general ante agresiones hacia los ciudadanos, sus datos personales y sus equipos electrónicos. A medida que nos adentramos en un mundo globalizado, cuya población demanda más y mejor acceso a tecnologías e información, el Estado se enfrenta a la encrucijada que plantea el mundo digital y todos sus recursos. Empresas públicas y privadas, ciudadanos de a pie e incluso las instituciones gubernamentales hacen uso de las superautopistas digitales para compartir o almacenar datos (públicos y privados) y esto crea la posibilidad de que personas, Estados o entes no deseados accedan de manera ilegal en detrimento de las personas.
El conocimiento es una de las armas más poderosas del SXXI, la creación de información es para particulares e instituciones una fuente de ingresos importante y constituyen un patrimonio invaluable para toda la humanidad. Es por ello que el Estado debe velar por el salvaguardo de toda esta producción, sin embargo al hacerlo se encuentra frente a las barreras de la privacidad doméstica y empresarial.
En el Discurso del Estado de la Unión 2015 del Presidente Barack Obama, se habló sobre Seguridad de la Información y Privacidad, Obama hizo referencia a la importancia de crear una legislación “para hacer frente mejor a las cambiantes amenazas que presentan los ciberataques, combatir el robo de identidad y proteger la seguridad de la información de nuestros niños”, para el presidente norteamericano éste vacío legal tiene a la economía en una situación vulnerable y por ello es necesario proteger los avances tecnológicos “que han creado incontables oportunidades para personas de todo el mundo”. (Nakashima Y Zezima, 2015)
Puntualmente, dentro del discurso se propone un acercamiento entre el sector privado con el Gobierno, de manera tal que se pueda mejorar el manejo de la información riesgosa y con esto prevenir los ciberataques; desde la esfera gubernamental se plantea que la empresa le comparta información específica (considerada como riesgosa) y en contraparte se ofrece protección de responsabilidad por la información. Frente a esta propuesta las organizaciones de intercambio de información y análisis tienen sus reservas, pues sólo el Congreso tiene el verdadero poder de conceder la protección de responsabilidad a las empresas. Otra de las preocupaciones de las empresas a la hora de suministrar la información, es salvaguardar los datos personales que pudiesen ser usados por el Gobierno en perjuicio de civiles.
Todo esto nos acerca a la pregunta de rigor que involucra al Estado Moderno y la relación con la información digital: ¿hasta qué punto el Estado puede inmiscuirse en la propiedad digital de las empresas y los ciudadanos? Es evidente que tanto empresa como particular necesitan de la protección estatal para evitar que sus activos intangibles caigan en manos de personas o entidades no autorizadas y ser víctimas de otros delitos informáticos, pero al mismo tiempo esa información puede ser utilizada en un futuro con propósitos no éticos o incluso ilegales; la persecución política, por ejemplo. La pregunta subsecuente sería, entonces ¿cuál debe ser el eje que guíe esa protección?, ¿debe ser vertical u horizontal?, ¿consultiva o vinculante? Es imperativo crear suficiente materia que permita legislar al respecto pero sabiendo que la tecnología, las redes, la telecomunicación y todo aquello relativo a la ciberseguridad es altamente cambiante y de naturaleza evolutiva: cómo lograr una legislación que perdure en el tiempo, que salvaguarde la información y además respete el derecho a la privacidad.
Referencias
Nakashima E. y Zezima K. (2015, 12 de Enero). Obama to propose legislation to protect firms that share cyberthreat data. [Periódico en línea]. Washingtongpost. Recuperado el 12 de Agosto 2015 de: http://goo.gl/LdqYCQ