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Recientemente, a raíz del caso de Hillary Clinton y el uso de correo personal para el manejo de información del Estado, se han abierto las puertas a la discusión sobre el manejo de la información gubernamental de carácter estratégico; trascendiendo las categorías de los secretos de Estado o la información clasificada. Hablamos de posibles brechas de seguridad que podrían comprometer a todo el aparato gubernamental, la seguridad nacional, el robo de información, la suplantación de identidad y un sinfín de posibilidades que el manejo imprudente de la información puede provocar en un mundo donde cada día más las personas, incluyendo a los funcionarios públicos dependen en mayor medida de la portabilidad de sus documentos.

¿Cuál fue el gran error de Clinton? Usar un servidor personal ubicado en su hogar para enviar y recibir desde sus dispositivos móviles información del Departamento de Estado. Esta decisión se enfrenta a la normativa que señala el uso de los servidores federales para el manejo de la información gubernamental por parte de los funcionarios, pero esta misma norma no es de carácter restrictivo (o por lo menos no, de manera taxativa). Recordemos que el cargo de Secretaria de Estado fue ejercido por Clinton durante el periodo 2009-2013, y en el momento de asumir la oficina la norma solo señalaba el uso de computadores gubernamentales como medida de seguridad y fue posterior la creación de los servidores federales.

Clinton ha señalado que la elección de un servidor privado, tenía que ver con la portabilidad de sus documentos de trabajo en vista de su ajetreada agenda, también que respetó el criterio de confidencialidad que requieren los documentos clasificados y que no uso ese correo para recibir o enviar ese tipo de documentos; sin embargo el FBI ha detectado que fue encontrado material clasificado en el servidor privado y contenido en su correo personal.

Un servidor gubernamental le permite al Estado rastrear con facilidad cuál es la actividad que el funcionario público está llevando a cabo, si cumple con los parámetros de confidencialidad y de cumplimiento con los valores que la gestión exige. Pero al mismo tiempo, es una herramienta cerrada que sólo permite el ingreso de personal autorizado ya sea a través de claves alfanuméricas o control biométrico (en los casos más avanzados) y precisamente por su naturaleza cerrada sólo es accesible a través de ordenadores autorizados.

En la actualidad, es una práctica común llevar datos de nuestra empresa o incluso sus operaciones en dispositivos móviles como tabletas o teléfonos celulares, pero ¿será lo mismo hacerlo con información estatal? Hay grandes diferencias respecto a la seguridad, en el caso empresarial los riesgos comprometen a un patrimonio privado y a individuos sujetos a despido; pero en el caso gubernamental, la información mal manejada puede poner en riesgo a toda una nación.

La UNESCO cree que existe la necesidad de digitalizar y aspira al fortalecimiento de capacidades de la gobernabilidad electrónica, para ello se plantea la e-administration, e-services y e-democracy. Para la UNESCO, las ventajas que conlleva para el gobierno implican que éste pueda proporcionar un mejor servicio en cuanto al tiempo, haciendo la gobernanza más eficaz y más efectiva. Además, el coste de transacción puede ser menor y los servicios del gobierno ser más accesibles. Sin embargo, es necesario asegurar toda plataforma para evitar cualquier violación a la seguridad de esos servidores por parte de actores externos y también mal uso de esa información por parte de los mismos funcionarios.

Para implementar de manera exitosa un gobierno digitalizado es necesaria una democracia madura con funcionarios capaces de manejar prudentemente la información, al mismo tiempo el Estado debe ser capaz de asegurar la defensa de las plataformas digitales que se decida emplear. Del mismo modo, es necesario tener respaldos de las transacciones y plataformas amigables con el usuario.

Finalmente una de las ventajas más importantes que permite la gobernabilidad digital, es la transparencia. Lo sucedido con el servidor personal de Hillary Clinton permitió discutir lo concerniente a la Ciberdefensa Nacional pero también brindó la oportunidad de cuestionar su desempeño como funcionaria del Departamento de Estado. Gracias a la gobernabilidad digital los funcionarios pueden ser apelados por la ciudadanía, al mismo tiempo ésta permite al ciudadano acercarse con mayor facilidad a las instituciones y conocerlas en profundidad, la digitalización de los procesos burocráticos minimiza la necesidad de personal (menor gasto estatal), también de costos de papelería y capital humano, la gobernabilidad exige transparencia respecto a los procesos de las instituciones pues cualquiera tiene el derecho de acceder a sus presupuestos.

¿Está Latinoamérica preparada para Gobiernos Digitales, aun cuando sólo el 50,1% de su población tiene acceso a Internet según la CEPAL? ¿Cómo puede el Estado ofrecer una buena plataforma para prestar servicios si la velocidad promedio de navegación es de  7 Megabits por segundo (MBPS)? Precisamente allí es donde deben ir apuntadas las políticas de incentivo, pues una baja velocidad no permite prestar buenos servicios. Es necesario fortalecer la infraestructura del ancho de banda. Por ahora, el Decreto 1078 de 6 de Mayo 2015 sobre Estructura del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, tiene los primeros apuntes sobre el Gobierno Digital en Colombia, queda de tarea para el Estado seguir construyendo la infraestructura necesaria para el acceso a Internet. Este decreto fortalece lo dispuesto en el Decreto 2693 de 2012 sobre Gobierno Electrónico.