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La justicia brasileña ha arrestado a Diego Dzodan, el vicepresidente de Facebook para latinoamerica por la negativa del gigante de las redes sociales a proveer información de la aplicación de mensajería Whatsapp para un caso judicial.

De acuerdo a lo establecido por la corte, Whatsapp tenia la orden de entregar la información solicitada en menos de un mes. La compañía se negó en tres ocasiones a cumplir y el juez impuso una multa diaria de 50.000 reales (alrededor de 12.000 US$), posteriormente una penalización diaria de 1 millón de reales hasta que finalmente se produjo el arresto.

«Vista la reincidencia en el incumplimiento, el juez Marcel Maia ordenó la detención de un representante de la compañía en Brasil, D. Diego Dzodan por obstruir la investigación policial,» declaró un portavoz de la corte a The Guardian.

Las autoridades de Brasil consideran que los mensajes de Whatsapp podrían ayudar a una investigación de tráfico de drogas, para poder acceder a esta información oficiales brasileños han solicitado a la Corte una orden para acceder a estos datos. El problema radica en que Whatsapp no almacena las conversaciones de sus usuarios en sus servidores por lo que no puede entregar nada. Aunado a esto, Whatsapp no tiene personal en Brasil sino que opera de manera independiente por lo que Dzodan no estaría realmente vinculado con la empresa.

Whatsapp es una de las plataformas de comunicación más usadas en el mundo y utiliza encriptación end-to-end, lo que significa que los mensajes solo pueden ser vistos por los equipos receptor y emisor. Ni Whatsapp ni la policia podría acceder a una conversación a menos que desbloquee el teléfono del sospechoso.

Facebook, quien compró a Whatsapp en 2014, ha cooperado con la justicia brasileña en muchas ocasiones en el pasado sin embargo en este caso la compañía de mensajería, prácticamente, ha puesto candado a la puerta y botado la llave. Muchas preguntas rodean situaciones como esta y hay pocas respuestas. ¿Es necesario que se almacenen las conversaciones de todos los usuarios de aplicaciones de mensajerías y deben estar a la disposición de la justicia? ¿Cómo proteger el derecho a la intimidad en situaciones como estas? Ciertamente la tecnología ha cambiado la forma de comunicarse en los seres humanos y en consecuencia se ha convertido en una herramienta para los delincuentes de toda naturaleza, ¿Cómo debe actuar la justicia ante estas nuevas situaciones sin menoscabar los derechos de todos los demás usuarios? Recordemos el shutdown de Whatsapp en Brasil hace algunos meses que dejó incomunicados de millones de personas.

Requerimientos como los realizados por las autoridades brasileñas a Facebook posiblemente no sean extraños en nuestra jurisdicción. Surge la duda sobre la transparencia en el suministro de información por los proveedores tecnologicos y su real capacidad para colaborar con la administración de justicia; así mismo, cabe preguntarse si las autoridades judiciales comprenden la real capacidad de colaboración que tienen los proveedores de tecnologia?

Situaciones como la experimentada en Brasil por parte de Facebook muy posiblemente en el corto plazo sea